El Gobierno Nacional declaró la emergencia económica y social en todo el país por 30 días, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República. La medida fue formalizada mediante el decreto 1390 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro.

Según el documento, la decisión se tomó ante la ausencia de una fuente legalmente habilitada para cubrir ingresos por $16,3 billones, situación que —según el Ejecutivo— representa “una amenaza grave e inminente al orden económico y social”.

Durante este periodo de emergencia, el Gobierno podrá expedir decretos con fuerza de ley para adoptar medidas fiscales. Se prevé que entre ellas se incluya la creación del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, la reimplantación del 5×1000, el aumento del IVA y de los impuestos al consumo, así como nuevos gravámenes a alcohol, cigarrillos, alimentos ultraprocesados y combustibles fósiles.

Expertos han expresado dudas sobre la constitucionalidad del decreto y sobre el alcance de las facultades excepcionales que asume el Ejecutivo. La Corte Constitucional deberá pronunciarse en los próximos días sobre la legalidad de la medida.

De acuerdo con estimaciones oficiales, si la emergencia se mantiene hasta marzo, el Gobierno podría recaudar cerca de 1,1 billones de pesos adicionales, recursos que serían destinados a aliviar el déficit fiscal.