Un severo recorte financiero amenaza con paralizar el funcionamiento de la justicia en Colombia. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial ha elevado una voz de alarma al Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio de Hacienda, tras conocerse un nuevo recorte de $695.000 millones para el 2026. Esta cifra se suma a un primer ajuste de $4,4 billones, lo que aleja drásticamente el presupuesto final de los $16 billones inicialmente solicitados para operar.

El presidente de la Comisión, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, fue contundente al afirmar que la situación “es muy delicada”, ya que estos recortes impedirían la creación de los juzgados laborales municipales y el fortalecimiento del sistema judicial en su conjunto. La crisis se extendería a entidades clave como la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Consecuencias tangibles para los ciudadanos
El impacto no sería solo interno. Los ciudadanos sentirían los efectos en un deterioro de los servicios: menos vigilancia en los despachos judiciales, recortes en mantenimiento y una capacidad reducida para implementar reformas cruciales como el nuevo Código Procesal Laboral.

Frente a este escenario, la Rama Judicial inició un “diálogo firme, respetuoso y cordial” con el Viceministro de Hacienda. Como resultado, se lograron acuerdos para buscar una salida, incluyendo la instalación de una mesa técnica que analice el déficit y plantee soluciones concretas. La esperanza de la justicia colombiana ahora recae en que estos compromisos se traduzcan en recursos reales que le permitan cumplir con su misión constitucional.