Aunque en su balance de los tres años de gestión el actual gobierno ha recalcado que se han reducido de manera sustancial los índices de desnutrición infantil e inasistencia alimentaria −y constantemente trae a colación los avances de sus programas en departamentos como La Guajira−, lo cierto es que esos partes positivos se estrellan con realidades como la advertida la semana pasada por la Corte Constitucional en torno al cumplimiento bajo de las órdenes relacionadas con el derecho a la alimentación de los menores de edad de la comunidad wayuu.

La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 indicó que, en materia de atención alimentaria, hay fallas en el diseño de la política pública, inconsistencias en la información presupuestal, bajo desempeño a la hora de proponer e implementar acciones, así como la ausencia de indicadores en términos de goce efectivo de derechos. Todo esto para concluir que “no se ha alcanzado una mejora significativa en la efectividad de los programas”.

En segundo término, al evaluar el ítem de seguridad alimentaria, los magistrados encontraron que los programas e inversiones reportados no han garantizado el derecho a la alimentación sostenible y soberana de la niñez wayuu. Igualmente, encontraron que persiste el desequilibrio entre las acciones en cabeza del Gobierno nacional y las adelantadas por los municipios. Tampoco existe un plan estructural dirigido a superar el asistencialismo y, finalmente, la ausencia de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional y de un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional actualizado, “comprueban que no se ha logrado un aumento constante en la cobertura de los programas”.

Lo más preocupante es la conclusión de la referida Sala: después de siete años de notificada, la sentencia resulta inadmisible que las cifras sobre desnutrición y mortalidad infantil en la comunidad indígena Wayuu no hayan cedido de manera considerable. También es gravoso que los sistemas para medir avances, así como para recopilar y reportar información, sigan siendo deficitarios.

¿Cómo encaja este tipo de diagnósticos alarmantes con los partes positivos que presenta a cada tanto el Gobierno? Esa es la pregunta que queda sobre la mesa. Lamentablemente, la razón se inclina hacia la cruda radiografía que hizo la Corte Constitucional, sobre todo porque, en una situación vergonzante para el Estado colombiano, en La Guajira continúan muriendo por cuadros críticos de desnutrición menores de los resguardos indígenas, pese a los múltiples programas e inversiones anunciados durante la actual administración.