En una jugada política de gran alcance, el gobierno de Gustavo Petro puso sobre la mesa un borrador de ley que abre la puerta a un cambio constitucional total. La propuesta es convocar a los colombianos a las urnas para decidir si quieren una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución, reemplazando la de 1991.

El argumento central del Ejecutivo es la necesidad de desatascar las reformas sociales que, a su juicio, el Congreso ha bloqueado sistemáticamente. La iniciativa busca, además, enfrentar lo que denomina la “debilidad” del Estado para garantizar derechos sociales y combatir la corrupción y la violencia.

Claves de la propuesta constituyente:

• ¿Quiénes la integrarían? 71 ciudadanos, llamados “delegatarios”, electos directamente por el pueblo.

• ¿Qué poder tendría el Presidente? Controles. Petro tendría 6 meses con poderes especiales para establecer las reglas de elección de los delegatarios, un punto que seguramente generará debate.

• ¿Hasta dónde puede llegar? Aunque puede “reformar la totalidad” de la Constitución, tiene límites claros: no puede disolver el Congreso y debe respetar los derechos humanos adquiridos, sin dar marcha atrás en conquistas sociales.

• ¿Y el debate? El gobierno asegura que habrá espacio para campañas por el “Sí”, el “No” o la abstención, y se reserva el derecho de hacer pedagogía sobre su propuesta.

Con este movimiento, el oficialismo inicia un histórico debate que redefine las reglas de juego del país, un proceso que estará bajo escrutinio por su profundidad y posibles repercusiones.