El Programa de Alimentación Escolar (PAE) atraviesa un panorama complejo. Según el Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), aunque el Gobierno Nacional ha incrementado de manera significativa los recursos para ampliar la cobertura y calidad del servicio, persisten dificultades en las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) que ponen en riesgo su continuidad.
Las cifras oficiales muestran que la inversión nacional creció de 1,26 billones de pesos en 2022 a 2,13 billones en 2025, lo que significa un aumento del 68%. Para 2026, se proyecta una asignación de 2,9 billones de pesos. Estos recursos se complementan con aportes del Sistema General de Participaciones, regalías y presupuestos de las ETC.
No obstante, la UApA denunció que desde 2021 los aportes propios de varias entidades territoriales han disminuido, contrariando lo establecido por la Ley 2167 de 2021, que ordena incrementarlos anualmente en términos reales. También se reportan falencias en la planeación, coberturas estancadas, deficiencias en los procesos de contratación y en la distribución de los alimentos, lo que afecta directamente a los estudiantes beneficiados.
A estas dificultades se suma que los costos del servicio no están definidos con claridad, lo que limita la capacidad de ampliar el número de estudiantes atendidos o de extender los días de servicio. Además, la falta de articulación con la economía local y la contratación reiterada de los mismos operadores impiden un mejor aprovechamiento de los recursos y afectan la diversidad de la cadena de valor del programa.
La consecuencia es una cobertura insuficiente: más de 421.000 estudiantes de 82 ETC no han recibido alimentación escolar, lo que afecta su derecho a la educación y a la nutrición. A junio de 2025, la cobertura apenas alcanzó el 76,14%, a pesar de inversiones superiores a los 5,2 billones en 2024. Esta situación resulta crítica en zonas vulnerables donde el PAE representa un apoyo fundamental para garantizar la permanencia escolar.
Frente a ello, el Gobierno anunció medidas inmediatas. Entre ellas, el refuerzo de la inspección y vigilancia del uso de los recursos, la obligación de que las ETC cumplan con los aportes propios estipulados en la ley, sanciones a los responsables de irregularidades y el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana para garantizar la transparencia y eficiencia del PAE.
