Con una iniciativa que modifica los pilares legales del sector establecidos hace tres décadas, el Gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso el proyecto de ley ‘Regulación Justa y Democratización del Sector Energético’. La propuesta no se limita a ajustes tarifarios, sino que busca una reingeniería del modelo para priorizar la equidad, la participación ciudadana y la transición energética.
Los Pilares de la Transformación
El proyecto, liderado por el Ministerio de Minas y Energía, se sustenta en varios ejes centrales:
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Equidad y Solidaridad: El texto propone una redistribución de los costos del sistema, mitigando impactos de mecanismos anteriores como la Opción Tarifaria que recayeron sobre los estratos más vulnerables. El objetivo es una distribución “solidaria” de las cargas.
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Transparencia y Participación: Busca “democratizar” la toma de decisiones al incluir representantes de usuarios, sindicatos y la academia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Además, crea un Comité Consultivo Ciudadano para garantizar el diálogo permanente.
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Sostenibilidad y Desarrollo Regional: Introduce incentivos para industrias verdes mediante tarifas diferenciales y crea fondos (de hasta el 2%) para compensar a los territorios impactados por grandes generadoras, destinados a cerrar brechas sociales y de pobreza energética.
Un Debate Anunciado
El ministro Edwin Palma Egea afirmó que esta es una base para “un sistema que combine sostenibilidad, solidaridad y transparencia”. Sin embargo, la reforma nace en un ambiente de tensión, luego de que el Gobierno esperara, sin éxito, propuestas de los gremios energéticos para fortalecer el proyecto. Este contexto anticipa un arduo debate legislativo en torno a una de las reformas estructurales más ambiciosas de la agenda petrista.
