En medio de un complicado ambiente político se inicia esta semana el debate en las Comisiones Económicas conjuntas de Senado y Cámara al proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año.

Aunque la intención inicial de varios de los congresistas de partidos independientes y de oposición era devolver la iniciativa al Ministerio de Hacienda, para lo cual el plazo venció el 15 de agosto, esto no fue posible, ya que el Congreso hizo un receso de actividades la semana pasada para rendir honores en “cámara ardiente” al asesinado senador y precandidato presidencial uribista Miguel Uribe Turbay, quien, dicho sea de paso, pertenecía a la comisión tercera y siempre fue muy activo a la hora de analizar la carta de gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión social presentadas por el actual Ejecutivo.

Así las cosas, el debate ahora se concentra en determinar, primero, si es aprobado el monto (557 billones de pesos) y, luego, si el articulado del proyecto recibe el visto bueno en las cuatro comisiones (terceras y cuartas de ambas cámaras). La cuenta regresiva vence en la segunda quincena de septiembre.

La posibilidad de que el presupuesto para 2026 sea aprobado es muy complicada, ya que tanto varias bancadas como centros de estudios económicos, firmas calificadoras de riesgo, Comité Autónomo de la Regla Fiscal y otras instancias locales e internacionales han advertido que el presupuesto se encuentra desfinanciado. No solo se estarían sobreestimando los ingresos tributarios y otros rubros, sino que, además, hay un hueco superior a los 26 billones de pesos que el Gobierno plantea solventar con un proyecto de reforma tributaria, iniciativa que sería radicada en próximos días o semanas. Hasta el momento, esta última alternativa no tiene mayores apoyos en el Parlamento, en donde se considera que no hay margen económico ni ambiente político para avanzar una propuesta impositiva, menos aun cuando se transita por la última legislatura y el país ya está en modo electoral.

Así las cosas, cada vez es más factible que el proyecto de presupuesto para 2026, al igual que el del año pasado, que también venía amarrado a una inviable reforma tributaria, termine siendo negado por las comisiones económicas y esto obligue a que el Gobierno tenga que adoptarlo por decreto. Una “dictadura fiscal” que, al parecer, sería el objetivo real de la Casa de Nariño.