Mientras el fuego cruzado de grupos armados ilegales se recrudece en varias regiones de Colombia, la población civil paga el precio más alto, viéndose forzada a adoptar símbolos de rendición para su propia supervivencia. Aunque la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la situación, los enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo continúan en el Bajo Calima (Buenaventura), cinco municipios de Antioquia y varias zonas de Arauca.

La violencia se mide en desplazamientos y confinamientos. En el Bajo Calima, 300 personas han tenido que abandonar sus tierras y otras 200 viven confinadas, atrapadas en sus propias casas. En Antioquia, la cifra supera los 2.700 desplazados en solo dos meses, una muestra de la velocidad con la que se agrava el conflicto.

Sin embargo, es en Puerto Rondón, Arauca, donde la desesperación adopta una forma tangible. Sus habitantes han salido a las calles con pañuelos blancos en las manos y han colgado banderas del mismo color en sus fachadas. Este gesto universal de rendición es su única estrategia para pedir clemencia y proteger sus vidas.

Desde el terreno, Brayan Montaño, líder en el Bajo Calima, resume el clamor general: “Las autoridades deben atender con urgencia la situación para garantizar el retorno de las familias y la seguridad de quienes han permanecido en la zona”. Su voz se une a la de miles de colombianos que exigen paz y protección en medio de la confrontación.